En 2024, los gravámenes impuestos a las entidades de crédito y las empresas energéticas han generado una recaudación total de 2.859 millones de euros, cumpliendo con las previsiones del Gobierno. Este importe, consistente con las políticas fiscales establecidas, busca que los sectores con mayores beneficios contribuyan de forma más equitativa al bienestar social del país.
Desglose de los gravámenes
El gravamen sobre las entidades de crédito ha supuesto una recaudación de 1.695 millones de euros, mientras que las empresas energéticas han aportado 1.164 millones de euros. Estos gravámenes fueron introducidos como parte de un enfoque fiscal progresista, cuyo objetivo es exigir un mayor esfuerzo a las grandes empresas que han acumulado beneficios récord en los últimos años. Tanto el sector bancario como el energético han visto un crecimiento considerable en sus beneficios, lo que justifica esta mayor carga fiscal.
Los gravámenes se estructuran en dos pagos anuales: un pago anticipado en febrero y otro en septiembre, basado en los resultados obtenidos por las empresas en el ejercicio anterior. Esto responde a las recomendaciones de organismos internacionales que sugieren una mayor contribución de los sectores más lucrativos.
Política fiscal progresista y redistributiva
Estos gravámenes forman parte de un conjunto más amplio de medidas fiscales implementadas por el Gobierno, orientadas a reducir la desigualdad social y a garantizar una mayor justicia fiscal. El objetivo es aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas, al tiempo que se exige una mayor contribución de quienes más tienen. Dentro de estas políticas, destacan otras iniciativas, como la rebaja histórica de impuestos relacionados con la energía y el IVA, que ha supuesto un ahorro de 25.000 millones de euros para las familias.
Además, se ha introducido una reducción del IRPF para las rentas de hasta 21.000 euros, lo que ha generado un ahorro adicional de 5.000 millones de euros en retenciones. También se ha reducido el Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para pequeñas y medianas empresas con una facturación inferior a un millón de euros, lo que contribuye al apoyo de las pymes en un contexto económico desafiante.
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes aplicados a la banca y las empresas energéticas se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, según lo dictado por el Tribunal Constitucional, enmarcados en el principio de “reparto del esfuerzo”. Este principio establece que aquellos sectores con más capacidad deben contribuir de forma proporcional a la economía general.
En el caso de las empresas energéticas, el gravamen afecta a los ‘operadores principales’ con más del 75% de su volumen de negocios proveniente de actividades relacionadas con la producción de petróleo, gas natural, minería de carbón o refinado de petróleo. Sin embargo, están exentos del pago aquellos operadores cuyo volumen de negocios neto en 2019 fuera inferior a 1.000 millones de euros, o aquellos que durante 2017, 2018 y 2019 no hayan superado el 50% de su volumen de negocios derivado de actividades energéticas. La base imponible en este sector es el volumen de negocio neto anual, sobre el que se aplica un porcentaje del 1,2%.
En el sector financiero, el gravamen afecta a aquellas entidades cuyos ingresos por comisiones e intereses superen los 800 millones de euros. La base imponible es el margen de intereses y los ingresos y gastos por comisiones, sobre los que se aplica un tipo impositivo del 4,8%.
Conclusión y análisis
Estos gravámenes reflejan un esfuerzo del Gobierno por implementar una política fiscal más justa y redistributiva, en la que los sectores que han visto mayores beneficios contribuyen más al bienestar general de la sociedad. Al mismo tiempo, se ha buscado aliviar la carga fiscal para las clases medias y bajas, apoyando así a las familias y pequeñas empresas. Con estos esfuerzos, se pretende fortalecer los servicios públicos y continuar avanzando hacia una economía más equitativa y sostenible.
